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viernes, 16 de octubre de 2020

Sobre el uso de veredas para reactivar el funcionamiento de algunos sectores, y el posible choque con los derechos de personas con discapacidad

La planificación para la reactivación de algunos servicios, debe hacerse con la comunidad, mediante participación vinculante. Los derechos de las personas no son transables, aún en contextos tan complejos como una pandemia.
Hoy día, producto de los diversos acontecimientos que nos ha tocado vivir como país, la desaceleración económica es innegable. Cientos de negocios, pequeñas y medianas empresas, han debido cerrar para disminuir la posibilidad de contagio por COVID-19, tanto al público como a sus propios trabajadores y administradores. Ha sido duro, eso es claro. 

En un artículo de CNN Chile, se establecen algunos datos sobre la proyección que ha hecho sobre Chile el Banco Central, el que si bien mejoró las proyecciones económicas para Chile en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre, aún indica números complejos, como que la actividad productiva podría caer un -5,5% como máximo. El informe señala que los mayores desafíos para la recuperación de la economía y para el aporte de la política pública serán revertir la pérdida de empleos, la caída de ingresos de los hogares, el deterioro del consumo y mantener un flujo de crédito acorde con las necesidades de capital de trabajo e inversión de las empresas.

La pandemia ha aflorado un panorama complejo en el desarrollo del país, el que también ha demostrado otras falencias en nuestra gestión, como el caso de la salud o la educación. En este sentido, uno de los grupos que más ha sido golpeado por este contexto, han sido las personas con discapacidad. Diversas medidas de evaluación de la situación país que se han realizado muestran la relación directa en pobreza y discapacidad, y la pandemia no ha hecho más que aumentar esa realidad. Como referencia, la CASEN del año 2019 mostró algunos resultados preocupantes. 

Un artículo del SENADIS, acerca de la CASEN, menciona que 
"Las cifras dan cuenta que 24,8% de las personas con discapacidad se encuentran en situación de pobreza multidimensional (que mide carencias en materia de Educación; Salud; Trabajo y Seguridad Social; Vivienda y Entorno; y Redes y Cohesión Social). Esta cifra es superior al 19,9% de la población sin discapacidad. Asimismo, 10,7% de las personas del primer quintil -20% de menores ingresos- tienen discapacidad. Esta proporción disminuye al aumentar el tramo de ingresos, muestra de ello es que en el quinto quintil -20% de mayores ingresos- un 5% de la población tiene discapacidad."

Este cambio en el contenido de los imaginarios colectivos del país refleja la abrupta caída de las expectativas económicas y sociales tras la pandemia del Coronavirus. Al pronóstico de la Cepal sobre un aumento de la pobreza absoluta en Chile de aproximadamente 4% se suman las preocupantes cifras que arroja el INE sobre el último trimestre: la tasa de ocupados bajó en 16,5% y el desempleo llegó al 11,2%. (Pandemia y pobreza: ¿el castillo de naipes era el modelo?)

Es preocupante esta relación, porque el enfoque de derechos del colectivo con discapacidad se ve fuertemente tensionado. El Secretario General de la ONU, António Guterres, en su llamamiento a un alto al fuego mundial, comunica que los más vulnerables, entre ellos, las mujeres y los niños, las personas con discapacidad, las personas marginadas y desplazadas, pagan el precio más elevado y, además, son quienes tienen un mayor riesgo de sufrir devastadoras pérdidas por el COVID-19.

La perspectiva de DDHH de estos grupos se ha visto complejizada por este contexto mundial, y es innegable su repercusión en su calidad de vida. El acceso a recursos que favorezcan una mantención digna de la vida se ha visto dificultado, y se ha hecho poco para proporcionar a este sector de la población la orientación y el apoyo necesarios para su protección durante la actual pandemia.

Catalina Devandas, Relatora Especial de las Naciones Unidas, señala:
"[...]Los estados deben adoptar medidas de protección social adicionales para garantizar que sigan recibiéndolo de manera segura durante toda la crisis", subrayó, y añadió que el acceso a la ayuda financiera adicional también es vital para reducir el riesgo de que las personas con discapacidad y sus familias sufran una mayor vulnerabilidad o pobreza. “Muchas personas con discapacidad dependen de servicios que se han suspendido y puede que no tengan suficiente dinero para acumular comida y medicinas o para permitirse el coste extra de los envíos a domicilio”

Esta realidad, en la que muchas personas con discapacidad han visto aumentada su situación de vulneración, hace que cobren mayor relevancia los ajustes razonables dispuestos en el entorno, para permitir acceder a servicios y recursos, mediante los cuales sea posible subsistir. En este sentido, muchas personas con discapacidad han debido salir a la exposición social, en la búsqueda de sustento o servicios, incluida la rehabilitación, encontrándose con un entorno que, por distanciamiento social u ocupación de espacios urbanos, se ha hecho algo mas inaccesible. Un estudio de la Fundación Yo Cuido menciona
“[...] El 43% de las personas en situación de dependencia no está recibiendo rehabilitación, el 61% no recibe controles médicos; el 21% no ha recibido de forma integral apoyos en medicamentos e insumos que sí recibía antes de la pandemia; casi el total de las cuidadoras no remuneradas (99,2%) padece uno o más síntomas relacionados a trastornos ansiosos y depresión, mientras el 49,4% indica sufrir cuatro o más de estos síntomas. Además, el 78% de las familias se siente desprotegida frente a la pandemia”. (Mención en la web bcn.cl)

 

¿Es justo sumar más obstáculos al día a día de las personas con discapacidad, si ya se han visto fuertemente afectados?


Algunas de las estrategias que se han mencionado en la reactivación del sector gastronómico dicen relación con que el funcionamiento y atención de clientes solo se puede realizar en terrazas, veredas y espacios abiertos, debiendo para ello realizarse sanitización en forma periódica, disponerse las mesas con separación de dos metros, el distanciamiento de un metro entre comensales en una misma mesa y la disponibilidad de alcohol gel, entre otras medidas de autocuidado y prevención.
“Todos están haciendo un sacrificio: automovilistas, peatones y comensales”, dijo Christopher Schuyler, abogado de discapacidades de New York Lawyers for the Public Interest. Pero, agrega, "cuantos más restaurantes tengan comidas al aire libre, mayores serán las posibilidades de crear problemas de accesibilidad para las personas con discapacidades". 
"No estoy en contra de los restaurantes, y en particular de los trabajadores de los restaurantes, que ganen dinero", dijo Dooha. "Pero no tiene por qué ser a expensas de los derechos civiles".

En este sentido, el derecho a la libre circulación y la autonomía pueden verse limitados por tales estrategias de contingencia que se encuentran preparando a nivel local los municipios para reactivar la economía en sectores que se han visto fuertemente afectados, como los restaurantes y servicios de comida. Esa libre circulación podría afectar el desplazamiento de personas con discapacidad física y movilidad reducida, o personas con discapacidad sensorial visual (los que podrían ver obstaculizada la ruta accesible al entorpecer la percepción de la banda podotáctil), en sus trayectos hacia servicios, como supermercados, controles médicos, trámites de diversa índole. La Corporación Ciudad Accesible menciona que "la última modificación de la O.G.U.C. contenida en el Decreto 50 D.O., norma que las veredas deben cumplir con un ancho continuo (1,20m), apta para cualquier persona, con pavimento estable, sin elementos sueltos, de superficie homogénea, antideslizante en seco y en mojado, libre de obstáculos, gradas o cualquier barrera que dificulte el desplazamiento y percepción de su recorrido."

¿Podrá considerarse esta norma en un contexto de tanta necesidad? ¿Podrán ser puestos en prioridad los derechos al libre desplazamiento de las personas con discapacidad?


Es de esperar que la preparación de estrategias de contingencia para la reactivación de sectores económicos afectados por la pandemia se haga de la mejor forma. Sabemos que podrían afectarse ciertas libertades, pero es de esperar que la consideración de los grupos vulnerados esté presente al momento de las definiciones, porque la obstaculización del tránsito afecta mucho más de lo que se cree a personas que presentan dificultad en el desplazamiento, y que se encuentran en ciudades en las cuales la inclusión aún no es la norma. 
Ficha 2 | Vías peatonales accesibles. Corp. Ciudad Accesible

La accesibilidad es un derecho, obligatorio de cumplir por la sociedad, y en estos tiempos en que todo se encuentra reanalizándose para dar respuesta a la necesidad de diversos sectores, los derechos de las personas no pueden, ni deben, ser obstaculizados. 

Es necesario que la reactivación se haga mediante mesas de trabajo transversales, no solo con empresarios, sino con la sociedad civil, en donde se incluya al colectivo en situación de discapacidad, mediante las cuales sea posible alcanzar un estándar de funcionamiento que sea favorable para todos. Necesitamos trabajar, y también necesitamos poder trasladarnos con independencia, por espacios que no disminuyan el funcionamiento y aumenten la discapacidad.

Lo que hagamos por devolver la actividad, que va en favor de muchos, hagámoslo bien, no a expensas de derechos de las personas.


Por Klgo. Alexis Moya R.
Máster en Gestión e Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad
Magíster en Neurorehabilitación
 
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